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2008, fin del BOE en papel

En enero de 2009 el ŽDiario Oficial del EstadoŽ en Internet tendrá la misma validez jurídica que la publicación impresa - La ŽwebŽ sirve 2,5 millones de documentos al día - Tres autonomías y tres diputaciones han eliminado sus diarios.

(El País, 3/1/2008) El BOE en papel tiene los días contados: hasta el 1 de enero de 2009, cuando se emitirá casi exclusivamente en formato electrónico. Entonces, lo que aparezca en su web oficial tendrá la misma validez legal que la publicación en papel, según la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La Diputación de Barcelona fue pionera en prescindir del papel en 2003. Valencia, Cataluña y Extremadura, y las diputaciones de Álava y Guipúzcoa también lo han eliminado. Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y Burgos prevén hacerlo en 2008.

Son más de tres siglos de historia desde que vio la luz, en 1661, la primera Gaceta, origen del Boletín Oficial del Estado. "Ésta constituye el periódico de información general. Estaba en manos privadas. Carlos III da a la Corona el privilegio de imprimirla y se convierte en una publicación oficial del Gobierno. Desde 1836 la publicación de una ley o decreto en el boletín marca su entrada en vigor, la obligación de cumplimiento", explica Carmen Gomis, su directora.

Gomis pilota el cambio del BOE. Es la tercera mujer al frente de la agencia. Ahora prepara con Presidencia el decreto que regulará la versión digital: "Qué formato tendrá, cómo sabran los ciudadanos que es auténtico, qué nivel de accesibilidad y cómo remitir los anuncios que deben publicarse". Es la última fase de un cambio iniciado en 1997, cuando se empezó a colgar en la Red el índice de los últimos 30 días, aunque no se podían consultar documentos. Paulatinamente se añadieron contenidos y en julio de 2003 se puso "íntegramente el BOE del día en PDF y se podía consultar lo publicado". Hoy están los boletines desde 1995 y, de la sección primera (la que contiene leyes, decretos, etcétera), se puede retroceder hasta 1661. Desde 2005 las consultas a las bases de datos son gratuitas. "Incluidos los análisis que relacionan las normas entre sí", precisa Gomis. Además, han añadido dictámenes de la abogacía y del Consejo de Estado, y sentencias del Constitucional.

En estos años de convivencia se han reducido las suscripciones. Si en 1996 tenía 50.749, en 2007 hay 16.000, destinadas a bibliotecas, administraciones, empresas, despachos jurídicos y colegios profesionales. Para 2008 se prevé un "descenso del 30%, después de varios años de bajadas del 15%". Paralelamente aumentan las consultas en Red. "Con 2,5 millones de documentos consultados al día, somos el sitio más visitado de la Administración, salvo la Agencia Tributaria durante la campaña de la renta". Un ejemplar, que sólo se compra en la calle de Trafalgar de Madrid cuando antes se adquiría en algunos quioscos, cuesta 0,76 euros. La suscripción anual, 228 euros.

Gomis ha calculado el ahorro: "Gastamos 3.500 toneladas de papel, más distribución, tinta, planchas... Son 6,3 millones de euros en 2007". El coste de renovación, certificación de la firma electronica, servidores y nuevo sistema de producción "no llega a 200.000 euros". Valencia y Cataluña han calculado el ahorro que supone suprimir la edición en papel de sus diarios oficiales: 900.000 y 700.000 euros respectivamente. En Extremadura, que acaba de eliminarlo, ronda el 50% del presupuesto. "Pero sobre todo reduciremos al 100% el daño ecológico que supone el consumo de 99.000 kilos de papel anuales (1.200 árboles), 10 millones de litros de agua y 500.000 kilovatios de energía", según fuentes de la Junta. En Castilla La Mancha calculan que propiciarán "la conservación de 500 árboles".

No sólo es cuestión de dinero y ecología. También, de mayor control sobre el producto, a la vez que garantizan "el acceso universal y gratuito a la información oficial las 24 horas del día", explica Núria Argentó, jefa de la unidad de bases de datos de la oficina catalana.

Mauro Guillén, responsable de publicaciones de la Generalitat Valenciana, añade: "Ya no hay dependencia de servicios externos. El trabajo es más ágil: no está sujeto a las exigencias técnicas de la impresión. Con la versión electrónica no hay límites. Da igual editar una que 1.000 páginas; las necesarias de forma inmediata, sin programar tiempos de impresión y distribución".

La tendencia se extiende a otras autonomías. Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha eliminan el papel este año. Murcia, como Baleares, los emitirán por Internet en 2009. En el País Vasco, en breve. Asturias y Canarias en un futuro próximo, al igual que Navarra y Castilla y León.

Fernando Arocena, director del boletín canario, apunta otra ventaja: el ahorro de espacio. "El papel nos come porque hay documentos que estamos obligados a conservar. Para que te hagas una idea, un boletín de 100 páginas ocupa una carpeta de 20 centímetros de alto".

Sólo Andalucía, Ceuta, Galicia y Madrid carecen de planes para eliminar el papel (Cantabria y Melilla no suministraron datos). La Xunta precisa que no ahorrarían nada porque se financia con las suscripciones (1.431 en 2007). Además, dicen, "es más efectivo como servicio suplementario en aquellas zonas o edificios que todavía no acceden a Internet".

Más consultas

La implantación del servicio digital lleva aparejada un aumento de las consultas en Internet y la disminución del número de suscripciones al papel (o su transformación en suscripciones online). Aragón y Castilla-La Mancha, entre otros, tienen sistema de alertas por email, mientras ultiman los decretos que regularán sus eboletines.

En Valencia y Cataluña, que superan los ocho millones de econsultas anuales, garantizan la autenticidad de los documentos mediante la firma electrónica. "Es un nuevo concepto de diario oficial integrado por un conjunto de documentos auténticos ordenados en una base de datos que permite una edición y consulta inmediata. Mejora el servicio que se ofrece con un coste mínimo", concluye Guillén.

También los organismos e instituciones insertan digitalmente los anuncios con firma electrónica. "Así se garantiza la seguridad, integridad y consistencia documental que un texto legal exige", explican fuentes del Principado de Asturias.

La editora jurídica Aranzadi no teme que la modernización de las publicaciones oficiales haga peligrar su negocio. "Les llevamos la delantera y, además, ofrecemos a nuestros clientes un servicio de valor añadido. Ellos publican la información. Nosotros la relacionamos con la jurisprudencia. Si antes éramos una editorial que relacionaba legislación con jurisprudencia y facilitaba su búsqueda, ahora somos productores de información profesional jurídica, pero también del financiero o científico, con un alto componente tecnológico", asegura Miguel Tardáguila, consultor tecnológico de la compañía.