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La Fundación Copyleft amenaza a la Policía con acciones legales en casos de redes P2P

Acusa a la Brigada de Información Tecnológica de apartarse de la postura de la Fiscalía y seguir la de la acusación particular, en estos casos empresas privadas.

(El Mundo, 22/10/2007) MADRID.- Los jueces les dieron la razón en el caso ŽSharemula.comŽ, y ahora los abogados David Bravo y Javier de la Cueva, como patronos de la Fundación Copyleft, quieren dejar claro su postura para futuras actuaciones policiales contra los sitios de intercambio P2P.

La citada fundación advierte de que se querellará contra los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no se ciñan a la Circular número 1/2006 de la Fiscalía General del Estado (PDF) en futuras operaciones.

Esta circular establece el criterio que la acusación pública debe seguir en cuanto a los delitos de propiedad intelectual e industrial, ya que diferencia entre "los intermediarios de la trasmisión de información, el almacenamiento de datos o el enlace a contenidos proporcionados por los usuarios", recuerda la fundación en una notificación pública.

En la misma nota se pone de relieve que la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) "se aparta sistemáticamente" de la postura de la Fiscalía en los casos de enlaces a archivos de redes de pares, y sigue la de la acusación particular (en el último caso, productoras y compañías discográficas) al calificar jurídicamente los hechos como delito contra la propiedad intelectual, en contra de la postura de la Fiscalía.

Así, advierten a la propia BIT y demás integrantes de las Fuerzas y cuerpos del Estado que investiguen este tipo de delitos, que la fundación se querellará por delito de prevaricación y, en su caso, cohecho, si "el funcionario policial se aparta de lo dispuesto en la Circular" mencionada.

Asimismo, si además de lo anterior se detiene a algún ciudadano, "la querella se interpondrá también por detención ilegal".

Por último, la fundación recuerda que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de someterse al Ministerio Fiscal, estar al servicio de los ciudadanos y no de grupos empresariales".