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El pago del servicio universal de Telefónica 'amenaza' a 1.600 entidades

La Universidad de Murcia, los números de información telefónica, el Ayuntamiento de Baena, Yahoo o las autopistas, entre otras muchas, deben prepararse, porque pueden terminar pagándole a Telefónica el coste de llevar el teléfono a zonas rurales. La CMT ha hecho pública la lista de pagadores potenciales del fondo del servicio universal y hay más de 1.600.

(Cinco Días, 9/2/2008) Sabe cuántos operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas hay en España? Por la cantidad de ofertas de ADSL o de planes de móvil que hay en el mercado se podría deducir que son bastantes; muchos, incluso; puede que un centenar. La cifra correcta es más de 1.600 y la entidad que lo ha certificado es el regulador del sector, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

En este caso, además, tener la consideración de operador no significa nada bueno. Al contrario, estar en la lista que ha hecho pública la CMT implica inmediatamente entrar en el grupo de empresas que tienen papeletas para ser obligadas a pagarle a Telefónica el coste de dar el servicio universal en solitario durante 2003, 2004 y 2005. En estos años, el ex monopolio llevó el teléfono a las zonas no rentables, dio tarifas especiales para rentas bajas y tuvo la obligación de dar información telefónica o publicar guías sin contraprestación.

El regulador ha calculado que este servicio le ha costado a Telefónica 284 millones de euros en ese tiempo y que es injusto que lo asuma en solitario. Todo el sector debe repartirse ese gasto, así que se ha abierto un fondo al que se deberá contribuir.

Esa decisión se tomó a finales del año pasado, con la única incógnita de qué compañías serían condenadas a pagar el fondo. Se calculaba que las operadoras de móvil podían entrar en el grupo -aunque ellas esperaban que no fuera así-, pero todo estaba en manos de la CMT.

Este viernes se ha resuelto parte del misterio. El BOE publicó la resolución en la que el regulador anuncia la apertura de un fondo para sufragar a Telefónica el coste del servicio universal y en ella se contiene un anexo con un Žlistado provisional de operadores potencialmente obligados a financiarloŽ.

La sorpresa es el número de incluidos en la lista. Hay una para cada año de contribución y la más larga, la de 2005, tiene más de 1.600 nombres. Por supuesto, están todas las operadoras tradicionales y conocidas, las compañías de telefonía móvil -incluida Yoigo, que ese año no tenía actividad- y todas y cada una de las empresas o entidades que tienen una mínima relación con el sector.

En la lista están decenas de ayuntamientos, varios números de información telefónica, compañías de internet como Yahoo, concesionarias de autopistas, universidades, eléctricas, bancos, editoras..., en una relación casi interminable.

Todas ellas tendrán que remitir a la CMT un documento con sus ingresos brutos de explotación en telecomunicaciones, ya sea por el alquiler de redes o por la prestación de servicios. De ahí se descontarán los gastos en interconexión y se llegará a la cifra final de beneficios brutos que decidirá cuáles de ellas contribuirán al fondo. Y es que la CMT puede Žexonerar a determinados operadores de la obligaciónŽ de financiar el servicio universal, según la legislación, siempre que su Žvolumen de negocio a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido por ellaŽ.

Eso es lo que muchas de las incluidas esperan, que su cifra de negocio en telecos sea testimonial o que la CMT ponga un límite que les deje fuera de la obligación de sufragar el fondo.

En cualquier caso, los pagos que cada una tenga que hacer serán proporcionales a su peso en el sector.

Un largo proceso aún por concluir

Telefónica lleva años reclamando que se le pague parte del coste de llevar el teléfono a zonas no rentables, pero el proceso ha resultado muy lento. A finales de 2007, la CMT decidió que tiene derecho a ello, pero para los años 2003, 2004 y 2005, todavía muy lejos de la actualidad. Y esta decisión es sólo el principio. Ahora se ha publicado la lista. Los afectados tienen dos meses para contestar, pero también pueden recurrir su presencia. Y en la lista hay compañías que hace tiempo que dejaron su actividad, así que puede haber múltiples problemas.