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La banda ancha será servicio universal en 2009

Solo los tribunales podrán juzgar y retirar contenidos en asuntos que afecten a la libertad de expresión.

(La Vanguardia, 23/10/2007) Madrid. (EUROPA PRESS).- La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) con una serie de nuevas enmiendas a que garantizan que sólo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten a la libertad de expresión en Internet, y que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberán conseguir antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio universal de banda ancha en todo el Estado.

Todos los grupos parlamentarios apoyaron estas incorporaciones al texto, si bien el PP se opuso al informe de la Cámara sobre el texto completo, que pasará a su debate en el Pleno del Congreso, al recibir el apoyo del resto de fuerzas. De esta manera, tras los avances de hoy, según la portavoz socialista Lourdes Muñoz, "se ha conseguido un gran acuerdo que pone fin a la incertidumbre y deja claro que los contenidos y la libertad de expresión e información en Internet sólo pueden ser juzgados en los tribunales de Justicia".

La enmienda pactada hace referencia a la existencia de "autoridades competentes" en la salvaguarda de derechos fundamentales que tendrán capacidad de intervenir en cuatro supuestos de cooperación intracomunitaria.

Estos casos son aquellos que pongan en riesgo la "salvaguarda del orden público, la investigación penal o la defensa nacional", "la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios", así como en los que se lesione "el respeto por la dignidad de la persona y la no discriminación por motivos de raza, sexo, opinión nacional o discapacidad", y finalmente en virtud de la "protección de la juventud y la infancia".

Muñoz puso ejemplos como el Consell Audiovisual de Catalunya o el Ministerio de Industria, que pueden ordenar la retirada de determinados contenidos publicitarios, y las autoridades sanitarias o de consumo sobre productos en el mercado que no cumplen los requisitos, pero insistió en que "la censura no entra en esta ley".

El nuevo texto abunda en que, incluso en los casos antes citados "se respetarán los derechos a la intimidad, la protección de los datos personales, y la libertad de expresión o información" cuando puedan resultar afectados y que sólo "la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas" en caso de que estas libertades se vean amenazadas, tal y como establece la Constitución.

En cuanto a la protección del derecho a la propiedad intelectual, la portavoz socialista, "no cabe en estos supuestos", por lo que la Ley no establece distinciones más que para los derechos fundamentales en los cuatro casos citados y la garantía de la libertad de expresión e información.

Por otra parte, se incorpora, también con el apoyo de todos los grupos, la obligación al Gobierno, para que, junto con las CCAA, impulse la extensión de la banda ancha, a fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, "una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología y la ubicación geográfica" en el Estado.

También fue unánime el apoyo a una medida que introduce la obligación de que exista una "oferta suficiente de teléfonos públicos y de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha", y que todos los usuarios finales "puedan obtener una conexión a la Red que permita las comunicaciones de fax y datos a la velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet".

Entre el resto de medidas que no contaron con el apoyo de todos los grupos, se aprobó la exigencia a los operadores de informar a sus clientes sobre medidas de seguridad contra virus o correo basura, el apoyo a iniciativas sin ánimo de lucro en Internet que promuevan valores democráticos, así como la puesta a disposición del público de contenidos digitales o digitalizados que pertenezcan sin restricciones a las Administraciones Públicas. Finalmente, quedará recogido el derecho a la cesión de derechos de explotación de obras para su uso libre, conocido como ŽcopyleftŽ.

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a excepción del PP, manifestaron su apoyo al texto de la ley "maniestamente mejorada" tras la introducción de al menos 14 enmiendas transaccionales -algunas de ellas refrendadas por los ŽpopularesŽ-, y otra veintena de correcciones propuestas por los grupos. Así, el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, dijo que en lo que respecta a la difusión de opiniones y de expresión en la Red, el nuevo texto "despeja la alarma creada" anteriormente y además se mejora el uso de lenguas cooficiales, a excepción de la factura electrónica, por lo que expresó el apoyo de su grupo al texto, tras un "ímprobo trabajo" de búsqueda de consenso.

Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro se felicitó por el acuerdo en estas líneas principales, pero demandó mejoras en lo tocante a la posibilidad de eliminar cortapisas a la hora de crear redes de acceso sin cable (wi-fi) sin ánimo de lucro, que no tienen por qué ser "toda España, lo que sería una locura", sino en determinadas zonas o barrios donde se quiera facilitar el acceso de los ciudadanos a Internet. Navarro defendió las enmiendas de su grupo referidas a solucionar la situación de las televisiones locales y de proximidad anteriores a 1995, por ser "promotoras de un modelo sin ánimo de lucro dirigidas al interés cultural, educativo y étnico que ocupan una parte minúscula" del espectro.

Por su parte, la portavoz socialista respondió que su Grupo ha retirado las enmiendas con contenido audiovisual, de contenido diverso, e insistió en que la Ley a debate "busca impulsar la actividad económica en Internet", para lo que se aprueban mejoras en la factura electrónica o el comercio minorista dirigidas a conseguir mayor seguridad en las transacciones. "Lo que aquí se debate es muy importante: es definir qué modelo queremos para Internet en España", dijo Muñoz, que defendió el consenso político y el impulso que el Gobierno ha dado a la Sociedad de la Información, tras incorporar a más de 25.000 localidades sin acceso a Internet en zonas rurales y más de 8,5 millones de personas.