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(Cinco Días, 3/11/2008) Los españoles, bajo el síndrome de la crisis económica, no tienen previsto prescindir del móvil como vía para dar un respiro a sus bolsillos. El aparato, que durante la anterior desaceleración de 1992 era un objeto de lujo para muy pocos, hoy se ha convertido en un compañero irrenunciable. Las dificultades, no obstante, también han llegado al mundo de las comunicaciones celulares y se muestran con crudeza en la transformación de los hábitos de consumo de los usuarios y en el cambio en las formas de relacionarse con los suministradores del servicio.

La crisis, no obstante, también ha disparado el porcentaje de usuarios que incumplen el contrato de permanencia que ha firmado y se deciden a desbloquear sus terminales y a cambiar de operador antes de tiempo.

Javier Iscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), afirma que en los aproximadamente 225.000 contratos de permanencia a cambio de subvenciones de móvil que este organismo ha visado durante este año, las denuncias por incumplimiento se han situado en el 9%. Este porcentaje supone más del doble de denuncias en relación a las registradas durante el año 2007, en que el incumplimiento de los compromisos de permanencia quedaron reducidas al 4% de los contratos.

La desaceleración del consumo de telefonía en España queda patente en el frenazo en las cifras de facturación de llamadas de voz de los distintos operadores y en la ralentización del crecimiento de internet en movilidad.

Aunque los datos todavía no pueden ser concluyentes dada la importancia de la campaña de Navidad en la distribución de nuevos terminales de telefonía móvil, por primera vez en una década este mercado tiene asegurada una contracción muy importante en la venta neta de unidades, según reconocen dos importantes fabricantes. En 2007 se registró una cifra por encima de los 22 millones de terminales comercializados y las expectativas más optimistas pronostican que este año no se llegará a los 20 millones de unidades y es muy probable que el balance final se sitúe en un volumen más próximo a los 18 millones.

Los números del ajuste en el negocio de terminales se vuelven más severos cuando atendemos a la gama de producto que se vende sin subvenciones y que, por tanto, puede ser utilizado de manera libre en la red de cualquier compañía. En 2007 los teléfonos libres supusieron un 11% del total de las ventas. Durante el año en curso este porcentaje se ha visto reducido al 8%.

Este desplome del 27% se explica, por un lado, porque los terminales que se comercializan sin que los bloquee ningún operador suelen ser los de gama más alta y, por tanto, lo más caros. En segundo lugar, viene determinado por el hecho de que, cuando un usuario ha decido ahora cambiar de terminal, las exigencias del ahorro le impulsan con mayor fuerza a aceptar la fórmula del teléfono subvencionado.

En 2008, de cada 100 terminales celulares vendidos, 92 están bloqueados por el operador que los subvenciona. En este escenario de abrumador dominio de la política de ayudas a la compra de teléfonos móviles, los operadores han impuesto su ley alargando cada vez más los contratos de permanencia que obligan a firmar a cambio de las ayudas. Como promedio, estos contratos tienen una duración de 18 meses, pero en muchos casos alcanzan los dos años.

Carta de derechos del usuario de 'telecos' y bloqueo

Usuarios, asociaciones de consumidores y operadoras virtuales de telefonía móvil están alzando su voz para exigir al Gobierno que imponga límites a la práctica de las grandes compañías de servicios celulares en España en relación a los contratos de permanencia que imponen a cambio de la subvención de terminales. Aseguran que con un 92% de los teléfonos bloqueados no se puede hablar de 'mercado verdaderamente en competencia'.

El operador virtual Simyo, la OCU y Facua han mantenido conversaciones para intentar que el Ministerio de Industria incluya este asunto en la Carta de Derechos del Usuario de las Telecomunicaciones que se pretende aprobar antes de que finalice el año.

La Unión Europea no tiene una política común sobre el bloqueo de los terminales y los contratos de permanencia, pero muchos Estados miembros han comenzado a establecer limitaciones a estas prácticas. En España no existe ningún tipo de regulación.

Simyo y las asociaciones de consumidores quieren que se imponga como obligación del operador el desbloqueo del terminal en el momento en que finaliza el contrato de permanencia. Denuncian además las penalizaciones excesivas incluidas en los contratos tipo y que las cantidades a las que finalmente se obliga a pagar al cliente en sus contratos de permanencia son infinitamente superiores al valor de la subvención. El ingenio tecnológico ha creado un dispositivo rebelde que se adhiere a la tarjeta SIM del teléfono bloqueado y permite liberarlo y hablar con cualquier operador que elija el usuario.