(La Vanguardia, 23/9/2008) La Comisión Europea (CE) ha propuesto hoy rebajar, de 29 céntimos de euro de media a 11 céntimos (sin IVA), el precio de los mensajes cortos a móviles (SMS) enviados desde el extranjero, así como abaratar el uso del móvil para navegar por internet desde otros países, a partir de julio de 2009.
Según han explicado en rueda de prensa la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, y la titular de Protección al Consumidor, Meglena Kuneva, los planes de Bruselas suponen una reducción de precios del 60%.
El Ejecutivo comunitario propone un límite máximo de 11 céntimos de euro (sin IVA) por mensaje enviado en itinerancia ('roaming') para los consumidores, y un tope de 4 céntimos como tarifa mayorista (las que cobran unos operadores a otros por los clientes que envían mensajes entre sus redes).
Reding afirmó que "no hay justificación" para los "altos precios" que aplican los operadores -diez veces más altos que las tarifas nacionales-, a los que el coste real por SMS enviado desde otro país les supone "menos de un céntimo de euro".
La comisaria ya advirtió el pasado mes de julio de que propondría una ley para obligar a los operadores a rebajar los precios, al no surtir efecto las recomendaciones que les dió hace un año para que disminuyesen las tarifas de estos servicios de forma voluntaria.
Como ya hizo con su propuesta para abaratar las llamadas de voz hechas y recibidas en el extranjero, la Comisión no quiere fijar un precio, sino proponer un máximo que los operadores no deberían superar a la vez que les alienta a "competir por debajo" de ese límite.
El Grupo de Reguladores Europeos (ERG, en sus siglas en inglés), creado en 2003 para vigilar a las empresas operadoras en cada país, recomendó a la CE imponer un máximo de entre 11 y 15 céntimos de euro por mensaje enviado. La Comisión también ha propuesto medidas para mejorar la transparencia en la navegación por internet y la descarga de datos mediante móviles en el extranjero.
Bruselas quiere que las tarifas mayoristas bajen de los 2 euros de media actuales por megabyte a un euro, para que también se reduzca el precio medio de 5,40 euros que los usuarios deben abonar por megabyte. Reding recordó que las tarifas que pagan los consumidores varían de 0,25 a 16 euros por megabyte entre los países de la UE.
Asimismo, la CE pretende que los consumidores reciban un mensaje automático con las tarifas de itinerancia de datos del país al que hayan viajado, y que a partir del verano de 2010 puedan especificar por adelantado la cuantía máxima de su factura por encima de la cual se cortaría el servicio con el fin de evitar cobros "exorbitantes".
La Comisión espera que se beneficien de esta medida 37 millones de turistas y 110 millones de viajeros de negocios, y calcula que la nueva ley puede generar un "enorme crecimiento" de los servicios de mensajes de texto y de datos. Los jóvenes serán uno de los grupos más favorecidos, ya que el 38 por ciento de las personas de entre 15 y 24 años prefiere enviar SMS en lugar de llamar cuando está en otro país.
"Haremos entender que unas tarifas de itinerancia más bajas pueden ser provechosas para todas las partes", señaló Reding. Por su parte, Kuneva destacó que la Comisión pretende ampliar tres años más, hasta 2013, la regulación sobre las llamadas hechas y recibidas en el extranjero (itinerancia vocal).
La Comisión ya redujo un 60 por ciento en 2007 el precio de estas llamadas, que actualmente cuestan 46 y 20 céntimos de euro respectivamente, aunque su objetivo es que sigan bajando hasta situarse en 34 céntimos para las realizadas y en 10 céntimos para las recibidas en julio de 2012.
Además, espera que los consumidores se beneficien de una facturación por segundo después del primer medio minuto en las llamadas hechas en itinerancia, y de una facturación por segundo en las recibidas, ya que hoy en día pagan un 24 y un 19 por ciento más respectivamente que el tiempo realmente utilizado.
Las propuestas deben ser ahora analizadas y aprobadas por los gobiernos de la UE y por el Parlamento Europeo, antes de que puedan convertirse en legislación vinculante.