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(El Mundo, 12/3/2008) MADRID.- ¿Es delito modificar una consola de videojuegos? Y concretamente, ¿está penado modificar la PlayStation de Sony con un ŽchipŽ? La Audiencia Provincial de Valencia entiende que no, según un reciente auto en el que desestima una causa contra una persona que había sido denunciada por modificar su consola.

La Audiencia Provincial ha desestimado un recurso de ADESE y de algunas compañías miembros de esa asociación, como PROEIN, Sony Computer Entertainment o UBISOFT, contra el archivo de una denuncia presentada contra una tienda de Valencia por poseer consolas modificadas y ŽchipsŽ para modificarlas.

La modificación de las consolas, sobre todo la PlayStation en sus varias versiones, es una actividad relativamente extendida que se realiza para poder utilizar en el dispositivo copias no autorizadas de juegos.

El propio Código Penal, en su artículo 270.3, castiga textualmente "a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo".

El auto de sobreseimiento, que se ciñe a la interpretación literal del artículo, afirma que "los ŽchipsŽ que se instalan ... pueden servir, desde luego, como dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no originales, pero también para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas, o para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar tareas absolutamente legítimas".

Es decir, el razonamiento de la Audiencia de Valencia es que no se cumple el requisito de que el ŽchipŽ tenga una finalidad "específica o exclusiva", en este caso, de eliminar las protecciones que impiden jugar con copias ŽpirataŽ de videojuegos.

ŽCompradores pasivos, compradores activosŽ

El abogado encargado de presentar la impugnación en la Audiencia de Valencia, Carlos Sánchez-Almeida, compara las consolas PlayStation de Sony con los coches, las lavadoras o los ordenadores portátiles, al asegurar que "detrás tienen un lobby de mercaderes de propiedad intelectual, interesados en mantener un mercado de consumidores aborregados, cuanto más pasivos mejor, y no compradores dinámicos e ingeniosos que modifiquen sus productos; ni compradores inteligentes, a los que se les ocurra ejercer los derechos que la ley les reconoce".

Además, recuerda que la Ley de Propiedad Intelectual considera que "la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización" (Art. 100.2), y recuerda que "el mayor mercado de videojuegos son los menores de edad, que son por natural descuidados, y los discos ópticos en los que van grabados los videojuegos se rayan fácilmente".

"Impedir que los menores realicen copias de seguridad de sus videojuegos, además de ser una medida dudosamente ética, sería manifiestamente ilegal", concluye el abogado.

Respeto a la sentencia, y matices

Los denunciantes se remitieron a la posición de la Federación Antipiratería (FAP) a la que pertenecen. Así, el presidente de la FAP, José Manuel Tourné, manifestó su "respeto absoluto" a cualquier decisión judicial, aunque quiso matizar que "existen no menos de ocho sentencias firmes sobre temas similares desde el año 2000 que dictan lo contrario".

Así, puso como ejemplo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, publicada el 17 de abril de 2001, que condenaba a los responsables de la tienda BYB Informática por un caso similar de ŽchipsŽ de modificación de consolas.

"Al no haber una unidad de opiniones, existe mucha confusión", se quejó Tourné, que lamentó que hoy en día "la protección de la propiedad intelectual no es prioritaria".