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(Expansión, 14/6/2008) El Gobierno ha iniciado los movimientos necesarios para poner en marcha lo que se conocerá como Agencia de Seguridad Radioeléctrica, un organismo oficial que se encargará de controlar y certificar la seguridad para la salud pública de las decenas de miles de instalaciones radioeléctricas que existen en España. Los promotores del organismo son los Ministerios de Sanidad y Consumo y el de Industria, Turismo y Comercio.

El nuevo ente, a semejanza de lo que ocurre en otros países de Europa, tendría un papel clave como órgano de referencia para mantener informadas a las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, sobre la regulación para el despliegue de antenas. Igualmente tendría entre sus cometidos ofrecer garantías científicas a los medios de comunicación y a los ciudadanos sobre los sistemas de control y revisión que legalmente están establecidos para estas instalaciones.

La creación de un organismo de este tipo ha sido una petición recurrente de la industria y especialmente de los operadores móviles que están sufriendo los efectos adversos del temor de la población sobre las consecuencias de la exposición a las emisiones radioeléctricas.

Duplicar el parque

En estos momentos, España cuenta con unas 60.000 antenas de telefonía móvil y varios miles más de instalaciones de radiofrecuencia correspondientes a otros servicios, como estaciones de televisión, emisoras de radio o instalaciones de operadoras de telecomunicaciones como redes Wi-Fi y Wimax, o radioenlaces.

Además, la extensión de servicios de banda ancha en movilidad exigirá, como mínimo, multiplicar por dos esa red ya que se debe incrementar notablemente la cobertura de las redes de 3,5G –el estándar UMTS que incorpora la tecnología HSPA y ofrece velocidades de acceso inalámbrico a Internet semejantes al ADSL– y además su creciente uso obligará a los operadores a elevar el número de emplazamientos para aumentar la capacidad. La inversión de los tres grandes operadores móviles (Movistar, Vodafone y Orange) ronda, en los últimos años, los 2.000 millones de euros anuales.

Aunque las operadoras necesitan mantener el ritmo inversor en nuevas redes, las barreras al despliegue, especialmente de los organismos locales, actúan como freno. De hecho, la descentralización de las competencias urbanísticas de la administración española, y la ausencia de referentes nacionales como el que demanda el sector, ha motivado una alta dispersión normativa urbanística.
En estos momentos, según los operadores móviles, existen más de 800 ordenanzas municipales diferentes que intentan regular el despliegue de redes móviles a nivel local.