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Las principales empresas, obligadas a tener un canal 'on line' antes de fin de año

Los usuarios podrán efectuar altas, modificaciones o rescisiones de contratos entre otras gestiones.

artículo original (La Vanguardia, 24/1/2008) Madrid. (EUROPA PRESS).- Los clientes de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o el teléfono podrán rescindir sus contratos "on line" antes de un año, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en vigor desde el pasado 30 de diciembre, informó hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

En concreto, las empresas que deberán ofrecer un canal de comunicación electrónica a sus clientes antes de que termine 2008 son las que prestan servicios considerados de especial trascendencia económica, como telecomunicaciones, suministro de agua, gas o electricidad, así como agencias de viaje, compañías de transporte de viajeros por carretera, tren, barco o avión y empresas que realicen actividades de comercio al por menor.

Además, también se establece esta obligación para las entidades que presten servicios bancarios, de crédito o de pago, servicios de inversión, operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de intermediación de seguros.

Todas estas compañías tendrán la obligación de permitir a los clientes, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, la realización de trámites como la contratación de los servicios, la modificación y rescisión de los contratos, o cualquier acto o negocio jurídico entre las partes.

Los clientes podrán consultar sus datos, incluyendo información sobre el historial de facturación de al menos los últimos tres años, así como el contrato suscrito. También podrán presentar quejas, sugerencias y reclamaciones, de forma que las empresas estarán obligadas a que quede constancia de las mismas y a que el consumidor reciba una atención personal directa.

Por último, las compañías deberán garantizar a sus clientes el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

Industria argumentó que la nueva obligación para las empresas tiene por objeto asegurar que los ciudadanos cuenten con un canal de comunicación electrónica con las empresas cuyos servicios tienen una mayor trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas.

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